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Alquilar tu propiedad. Novedades introducidas por el Decreto-Ley 7/2019.

El DECRETO-LEY 7/2019 introduce una serie de modificaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos que le interesa conocer si pretende alquilar su propiedad:

  • El arrendamiento de viviendas con más de 300 metros cuadrados de superficie o aquellos que tengan una renta que supere en cómputo anual el 5,5 del salario mínimo interprofesional no se regirán por esta Ley sino por la voluntad de las partes.
  • Se incrementa el plazo de duración mínima de los contratos que pasa a ser cinco años si el arrendador es persona física y de siete si es persona jurídica.
  • La renta será la pactada por las partes, no obstante su actualización anual no podrá ser superior a la aplicación del IPC. Se pretende evitar situaciones en las que se acordaba un incremento progresivo de la renta en base a porcentajes o cualquier otro criterio.
  • Las partes podrán convenir que los gastos generales del inmueble sean asumidos por el arrendatario. Si el arrendador es persona jurídica los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato correrán a su cargo.
  • Respecto a la fianza se exige como obligatoria una fianza de un mes para el caso de arrendador de vivienda y de dos mensualidades para el supuesto de arrendamientos distintos al de vivienda. La fianza no se podrá actualizar durante los primeros cinco años (o siete años si el arrendador es persona jurídica).
  • Se podrá pactar otra garantía de cumplimiento adicional a la fianza pero que, en todo caso, no podrá exceder el importe de dos meses de renta.

En otro orden de cosas el citador Decreto-Ley 7/2019 introduce, a nuestro entender, dos importantes modificaciones en la Ley de Propiedad Horizontal y en la Ley de Enjuiciamiento Civil:

  • La Junta de Propietarios podrá prohibir la utilización de viviendas como arrendamiento turístico si así lo acuerdan las 3/5 partes de los propietarios y cuotas.
  • Los arrendatarios en situación de vulnerabilidad y que hayan sido demandados con el fin de instar su desahucio por falta de pago podrán acudir a los servicios sociales que deberán acreditar que dicha persona se encuentra en situación de vulnerabilidad social y/o económica. En dicho supuesto lo comunicarán al Juzgado que podrá decretar la suspensión del procedimiento por el plazo de un mes (o hasta tres meses si el arrendador es persona jurídica).

 

Para concluir no podemos dejar de recomendarte que formalices un contrato de arrendamiento redactado por un profesional que le permita proteger tu posición y la de tu inmueble y te evite problemas en el futuro.